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La implementación de la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales está en marcha, con un enfoque colaborativo entre los 22 países de la región. A través de un trabajo coordinado entre gobiernos, instituciones y socios estratégicos, se están desarrollando políticas públicas y marcos normativos que aseguren un entorno digital equitativo, seguro y accesible para todos, alineado con los principios y compromisos de la Carta y las necesidades de nuestra región.

En concordancia con lo mandatado en el capítulo décimo de la Carta, que reconoce el rol fundamental de la cooperación iberoamericana para consolidar los esfuerzos de los países iberoamericanos en el ámbito de la transformación digital, el Programa de Acción adoptado en la referida Cumbre de Santo Domingo dispuso en los puntos D9 y D34: “Promover los mecanismos para dar seguimiento a la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales, así como la identificación de las medidas que puedan contribuir o coadyuvar a la implementación de dicha Carta por parte de los países” e “Impulsar una Agenda Digital Iberoamericana que contemple los aspectos económicos, tecnológicos, educativos, científicos, culturales y sociales de la transformación digital, tomando en cuenta los mecanismos de implementación de la Carta de Principios y Derechos en los Entornos Digitales”.

Para dar cumplimiento a los referidos mandatos, se conformó un Grupo de Trabajo integrado por los representantes de los 22 países, que definieron focalizar las labores de implementación de la Carta en determinados ámbitos prioritarios, en virtud de las necesidades de los países y en los cuales se estima que el espacio iberoamericano puede aportar un valor agregado. Se identificaron las siguientes prioridades temáticas:

• Conectividad e inclusión digital
• Protección de datos y ciberseguridad
• Gobierno digital
• Economía digital y tecnologías emergentes

Asimismo, se marcaron cuatro líneas de trabajo a partir del intercambio de experiencias; la elaboración de estándares; la promoción de estudios que contribuyan al diseño de políticas públicas y la homologación de marcos regulatorios.